Reformas contra factureras, un duro golpe a las mafias de la defraudación fiscal: Hirepan Maya

Morelia, Michoacán, 23 de junio del 2020.- Tan sólo 43 empresas emitieron en el año 2017 facturas simuladas por 93 mil millones de pesos, al amparo de la impunidad; no obstante, con las reformas contra factureras, la cuarta transformación no sólo hace visible la defraudación fiscal, sino que la equipara con el delito de delincuencia organizada, destacó el diputado federal Hirepan Maya Martínez.

Desde el año 2010 comenzó a proliferar en México la creación de empresas fantasma dedicadas a la venta de facturas que simulaban operaciones , señaló Hirepan Maya, a grado tal que se podría afirmar que llegaron a formar una mafia de la defraudación fiscal, toda vez que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha identificado a más de 8 mil personas físicas y morales que operan en torno a 43 empresas relacionadas entre sí a través de sus clientes.

Hirepan Maya destacó que, a pesar de la negativa de la oposición política en el Congreso de la Unión, Morena logró sacar adelante las reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; la Ley de Seguridad Nacional; al Código Nacional de Procedimientos Penales; al Código Fiscal de la Federación; y al Código Penal Federal.

“Se le han dado al Ejecutivo las herramientas legales para, por primera vez, combatir de frente la defraudación fiscal que muchas veces se asocia con la corrupción de gobierno y desvío de recursos públicos, así como el lavado de dinero que es indisociable de actividades ilícitas como el narcotráfico”, destacó el legislador de Morena.

Hirepan Maya recordó que la oposición conservadora, asociada con grupos empresariales, acusó a la 4T de querer practicar el “terrorismo fiscal”, pero destacó que ahora queda claro que las reformas contra factureras son también una herramienta para fortalecer la recaudación, ya que por el delito de defraudación fiscal se identificaron perdidas de hasta 55 mil millones de pesos mediante la evasión de pago de impuestos.

Por efecto de las referidas reformas, se considera delito grave que amerita prisión preventiva a quien expida, compre o adquiera facturas de empresas fantasma por un monto superior a los 7.8 millones de pesos.

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