La mirada antidiscriminatoria: enfrentar el COVID-19 sin perpetuar las desigualdades

Hace apenas unos días, la OMS declaró el brote de COVID-19 una pandemia. Afortunadamente, los casos en México todavía son contados y no se ha confirmado un contagio comunitario. Sin embargo, dado que la propagación del virus es inminente, es indispensable tomar algo en cuenta: no todas las personas enfrentamos los mismos riesgos.

Esto es algo que las autoridades de Salud han reconocido de manera implícita. El 12 de marzo, por ejemplo, en la conferencia de prensa que el Director General de Epidemiología ha encabezado diariamente, el coordinador de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad declaró: “La población [más] vulnerable son las personas mayores de más de 60 años, con enfermedades subyacentes, que hay que proteger y hay que cuidar”.

En efecto, la información disponible sugiere que las personas mayores tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones;1 sin embargo, éste no es el único sector susceptible de una afectación desproporcionada. En las próximas líneas señalo que muchos grupos históricamente discriminados —las personas en situación de pobreza, las y los migrantes, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indígenas, las mujeres— enfrentan esta situación. Ello se debe a que, como resultado de desigualdades arraigadas, dichos colectivos tienen mayor probabilidad de estar expuestos al virus o cuentan con menos acceso a los servicios de salud. Por ende, nuestra respuesta ante la pandemia debe incorporar una perspectiva antidiscriminatoria.

La mayor exposición al virus

Conforme aumentan los contagios al interior de cada país, una de las principales recomendaciones ha sido el distanciamiento social; en otras palabras, que la población evite lugares concurridos, actividades sociales, e incluso el trabajo presencial. Sin embargo, no todas las personas en México tendrán la posibilidad de implementar esta medida. Particularmente, el acceso diferenciado a recursos económicos y a un empleo formal tiene el potencial de generar brechas importantes.

En torno a los recursos económicos, es fácil ilustrar la cuestión a través de situaciones concretas. Hace un par de días, The Guardian reportó que, ante la pandemia actual, varias familias adineradas han contratado vuelos privados para transportarse y buscado construir búnkers subterráneos para almacenar provisiones o garantizarse un refugio. Comparemos dicha situación con la de quienes diariamente se desplazan en transporte público y, además, no cuentan con ingresos suficientes para comprar por adelantado siquiera los víveres de una semana. Evidentemente, las posibilidades de evitar los tumultos o los espacios sociales para estos últimos son mucho menores. Desafortunadamente, la realidad de la mayoría de las personas en México será más cercana al segundo escenario; quizá de manera menos burda, quienes tengan más recursos a la mano podrán evitar el contagio con mayor facilidad.

En cuanto al empleo, sabemos que la informalidad acarrea no sólo bajos ingresos, sino también la ausencia de prestaciones. Por desgracia, alrededor de la mitad de nuestra población ocupada vive en la informalidad, con sobrerrepresentación de grupos como las y los migrantes de retorno. Destacan también los más de dos millones de mujeres que se dedican al trabajo del hogar —quienes por años han carecido en su totalidad de contratos y prestaciones—, así como quienes participan de la economía digital; por ejemplo, aquellas personas que conducen autos o realizan repartos a través de aplicaciones de celular. El ingreso en estas profesiones depende, por naturaleza, de que las personas salgan de casa y se desplacen por las calles todo el día. Quienes cuentan con un empleo formal no enfrentan con la misma agudeza esta situación.

El menor acceso a la atención médica

En cuanto a los servicios de salud, vale la pena hacerse dos preguntas. Primero, ¿quiénes reciben la información oficial sobre el COVID-19, incluida la que describe síntomas y recomendaciones? Y segundo, ¿quiénes están en posibilidades de acudir a instituciones médicas en caso necesario?

Sobre el acceso a la información, la mayor preocupación involucra a las personas con discapacidad y las comunidades indígenas. Particularmente, las actualizaciones y recomendaciones de las instituciones de salud se transmiten sin criterios de accesibilidad: los materiales —infografías, conferencias, versiones estenográficas— se difunden principalmente en plataformas digitales y se elaboran de forma predominante (si no es que exclusiva) en español, sin interpretación a lenguas indígenas o a Lengua de Señas Mexicana. Nos encontramos ante un patrón, pues esto también se señaló ante la respuesta a los sismos de 2017. En la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, el Conapred halló que casi nueve de cada 10 personas indígenas o con discapacidad enfrentan cotidianamente barreras de acceso a la información gubernamental.2

Con respecto a la posibilidad de acceder a las instituciones de salud, la falta de prestaciones es un factor importante. Sin embargo, la Enadis 2017 también identificó que los pueblos indígenas tienen poco acceso no sólo a los servicios del IMSS y el ISSSTE, sino también a las consultas privadas.3 Similarmente, las personas con discapacidad encuentran barreras de accesibilidad en los servicios de salud. Finalmente, cabe destacar que las personas LGBTI —sobre todo las personas trans— experimentan un trato cotidianamente discriminatorio en el ámbito médico. Dicha realidad, en conjunto con la exclusión del empleo formal, tiene el potencial de reducir la detección oportuna y el tratamiento del COVID-19 entre estos grupos.

Nexos 

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